Viernes 12 de Abril de 2024
El abogado Luis Cordero Vega realizó la charla magistral “El acceso equitativo a la justicia en Chile”, en que relevó la importancia de los profesionales de las Ciencias Sociales en la consecución de un país más justo.
El jueves 11 de abril en un Aula Magna Fundadores repleto de autoridades, estudiantes, docentes e invitados, la Facultad de Derecho y Humanidades (FACDEH) de la Universidad Central de Chile dio inicio a su año académico 2024. Lo hizo con la charla magistral “El acceso equitativo a la justicia en Chile”, a cargo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Decano de la FACDEH, profesor Rafael Pastor Besoain quien hizo un recorrido por algunos logros del 2023 y desafíos para el año en curso. Además, valoró especialmente la presencia de la autoridad y el tema en cuestión. “La palabra justicia, por razones obvias, es una de las preocupaciones centrales de las disciplinas que cobija nuestra Facultad. Tanto en Trabajo Social como en Derecho corresponden a campos disciplinares que no solamente buscan develar el sentido y alcance de esta noción, sino que también forman profesionales destinados a impartir la justicia desde la actividad jurisdiccional, pero también coadyuvan a la búsqueda de su concreción desde las políticas públicas y las intervenciones sociales”, explicó el Decano Pastor.
Luego de un intermedio musical a cargo del cuarteto de Las 4 Estaciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, realizó su ponencia. En ella advirtió que “el tema que nos convoca es probablemente uno de aquellos espacios de intersección que resultan indispensables” entre las carreras de la Facultad. “El acceso equitativo a la justicia es uno de los debates principales y uno de los desafíos centrales no solo del país, si no en el contexto general del desarrollo futuro”, agregó.
El abogado de la Universidad de La República, Magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Chile y Doctor en Derecho por la Universidad de Lléida, explicó que hay siete grandes criterios: tener reglas claras, generales y de acceso público establecidas con anterioridad; la vocación del derecho en general y de las reglas que nos damos en visiones prospectivas y excepcionalmente -y sólo excepcionalmente- bajo condiciones de retroactividad; debe existir una conformidad entre la pretensión normativa que tratamos de señalar en el texto frío de la ley con cómo se comporta la ley en el mundo real; en la posibilidad de que las personas, cualquiera sea la circunstancia que tengan tengan la posibilidad de ser escuchadas; y que exista un cierto grado de separación por razones obvias entre quienes elaboran y aplican la ley y de quienes interpretan la ley; que evitemos cambios intespectivos; y sobre todo que no existan contradicciones o inconsistencias palpables en la ley. “Alguna de esas siete o todas ellas responden a distintos énfasis de reflexión y de discusión, pero que en algún sentido convergen en la relevancia que tiene la discusión sobre el Estado de Derecho en materia de acceso a la justicia”, advirtió.
El también profesor de Derecho Administrativo comentó que “qué es el acceso a la justicia y qué rol cumplen no solo quienes están estudiando la carrera de Derecho en esta universidad, sino que también de Trabajo Social, se hace extremadamente relevante”.
El Ministro definió acceso a la justicia como “un derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de un órgano o de un conjunto de órganos encargado de prestar un servicio público de impartir justicia con la finalidad de obtener una tutela para los intereses y sobre todo una resolución pronta, completa e imparcial”.
Luego agregó: “Las personas y sus intercambios cotidianos suponen el reconocimiento de un conjunto de necesidades jurídicas a través de la información, la promoción y la educación de sus derechos. El acceso a la justicia, en consecuencia, no solamente depende de los tribunales, depende también del conjunto de actores institucionales que sean capaces de resolver adecuadamente la provisión de esos mecanismos de solución y de información”.
Para el Ministro, el acceso a la justicia sería un “elemento clave para sostener la paz y la protección”. A su vez, advirtió las barreras en materia de acceso a la justicia, las cuales “son amplias e impiden acceso equitativo, discriminan y sobre todo permiten no focalizar en grupos vulnerables están vinculadas a algunos costos del funcionamiento del sistema”: costos (monetarios y personales) de recurrir al sistema de justicia; extensión de los procedimientos; distancia (geográfica o formal y simbólica); formalismo; falta de educación en derecho y obligaciones; respuestas insatisfactorias; la consideración de ser mal o indebidamente tratado por el sistema de justicia; y las barrera idiomáticas.
“Celebro la persistencia de esta Facultad en insistir en la extensión de los mecanismos de solución alternativa de conflictos y particularmente la mediación como medio de profundización de las mismas”, - Ministro Luis Cordero.
“Una sociedad pacífica e integradora requiere que nos hagamos cargo de las injusticias estructurales y de las desigualdades. Es de alguna u otra manera hablar de acceso equitativo a la justicia. Por eso necesitamos restablecer las confianzas y reforzar las competencias de las instituciones. El acceso a la justicia de modo equitativo es fundamental para tener una sociedad sin violencia y una sociedad integrada. Quienes están acá tienen el desafío de interpelar a la sociedad chilena en los próximos años precisamente para ese fin”, finalizó el expositor.
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